Era el 14 de septiembre de 1998. En medio de la algarabía que antecede a la celebración de la Independencia, Ramiro De León Cohen atendía su supermercado La Democracia, ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango. La jornada de don Ramiro fue inte-rrumpida por un sujeto que lo sacó de su negocio para llevarlo hacia una casa donde permanecería cautivo. A partir de entonces, su libertad tendría un precio: Q3 millones.
Cuatro días después de caer en manos de sus captores, De León fue liberado durante un operativo policial. En la casa donde fue rescatado, las autoridades detuvieron a cuatro individuos, como los principales sospechosos de cometer el hecho. Las sospechas se confirmaron durante el juicio, por lo que el Tribunal de Sentencia Regional dictó una pena de 30 años de prisión para los respon-sables.
Uno de ellos, Pablo Fernando Cabrera Polanco, cumple su condena en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenan-go. Sin embargo, el que habría negociado el rescate con los familiares de De León, ha “purgado” 17 días de su condena fuera de prisión. Con la ayuda de su padre, el abogado y ex viceministro de Gobernación Jesús Adalberto Cabrera Urízar, ha conseguido que la jueza Primera de Ejecución Penal, María Antonieta Morales Castillo, le autorice por lo menos 4 permisos para salir de la cárcel durante los últimos 3 meses.
La Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006, establece que las personas reclusas que se encuentren en la fase de preli-bertad pueden gozar de permisos de salida de fin de semana o de salidas diurnas con la obligación de pernoctar en el centro de detención. Este beneficio se realiza de acuerdo con lo que disponga el juez de Ejecución correspondiente.
Los documentos a los cuales tuvieron acceso reporteros de Bajo la Lupa revelan los permisos que se les ha concedido a 5 priva-dos de libertad, entre ellos 4 condenados por secuestro y el ex gerente del IGSS, César Augusto Sandoval Morales, quien cumple una pena impuesta por el delito de concusión, peculado, abuso de autoridad, estafa propia y fraude, en el caso del desfalco de Q350 millones del Seguro Social.
Esta es una muestra de las salidas a las que tienen opción los reclusos de acuerdo con la Ley del Sistema Penitenciario. Ni el Orga-nismo Judicial ni el Sistema Penitenciario pudieron informar cuántos reos han hecho uso de este derecho durante el presente año (lea: Gozan de libertad transitoria).
La jueza Morales concedió los permisos de Cabrera Polanco así: 1 en septiembre, 2 en octubre y el más reciente se está ejecutando, mientras usted lee esta nota. El recluso salió desde el sábado 15 de noviembre hacia la residencia de su esposa y debe volver a la Granja Cantel mañana 18 a las 6 de la tarde.
En cada uno de los oficios en los que los jueces autorizan las salidas se establece la ubicación específica donde debe perma-necer el privado de libertad, mientras está fuera de la cárcel, con la advertencia de no llevarlo a otro lugar “distinto del indicado”.

Incumplen condición
Uno de los permisos que la jueza Morales le concedió a Cabrera Polanco indica que la salida se le autoriza “para que asista al Hotel Plaza, ubicado en la vía 7 6-16, zona 4... a la reunión familiar con motivo de celebrar el cumpleaños de su hermano... los días 24, 25, 26 y 27 de octubre, pudiendo pernoctar en esa dirección”.
Pero al parecer, en la calle hubo un cambio de planes. El sábado por la tarde, reporteros de este matutino verificaron por la vía telefónica que en el mencionado hotel no existía reservación de habitación a nombre de Cabrera Polanco. Tampoco se realizó un evento para festejar a su hermano, cuyo onomástico fue el 22 de septiembre, según consta en registros públicos.
Una situación similar ocurrió en el caso de Jimmy Rolando Doradea Escobar, quien cumple una condena de 50 años de prisión inconmutables por el delito de plagio o secuestro.
La misma jueza que le autorizó los permisos a Cabrera dio su consentimiento para que Doradea se ausentara 3 días de su cel-da. Iría acompañado por 2 guardias del Sistema Penitenciario hacia Antigua Gardens, un complejo residencial ubicado en el kilómetro 52.5, Alotenango, Sacatepéquez.
En la lotificación hay por lo menos 400 casas construidas, explicó uno de los guardias, pero sólo 2 de éstas están habitadas. Los nombres de los dueños de las viviendas no están relacionados con Doradea Escobar. Además, no está permitido ingresar armas al residencial, por lo que si Doradea hubiese entrado como visitante, habría quedado un registro de los custodios y el tipo de armas que portaban.
Debido a que la juzgadora Morales se encuentra de vacaciones, reporteros de este matutino le llamaron a su celular en tres ocasiones y se le dejó un mensaje. La abogada devolvió la llamada y cuando se le plantearon las inquietudes relacionadas con los permisos que ha concedido a los reclusos, sugirió hablar con el vocero del OJ.
Al insistirle acerca de la importancia de contar con su versión se cortó la llamada. Se le marcó una vez más al celular, pero ya no respondió (lea en la página 4: Jueza que firmó permisos favoreció a Rigorrico).